Adjudicatarios de las 53 viviendas cuidan las casas para que no las usurpen

Adjudicatarios de las 53 viviendas cuidan las casas para que no las usurpen

Las demoras y paralizaciones de un plan de viviendas que comenzó en el año 2017 en Patagones están generando una situación de enfrentamiento entre vecinos.

Este lunes, y luego del intento de usurpación de anoche (luego de que ya dos unidades habitaciones estén ocupadas ilegalmente), hizo que los reales adjudicatarios realicen una vigilia en sus futuras casas.

Más aún luego que advirtieron que un grupo de personas había intentado ingresar a una de ellas esta tarde, provocando algunos daños.

Si bien se están construyendo hace casi siete años, los terrenos donde las ubicaron fueron adjudicadas a diferentes familias desde hace aproximadamente tres décadas.

Legalmente el complejo está bajo la responsabilidad de la empresa Construcciones Normalizadas, que pertenece a Guillermo Gazia.

Mientras el contrato entre esa firma y el Estado no sea rescindido, Gazia sería el responsable del estado de las viviendas.

Hasta el momento, según expresó esta mañana en FM DE LA COSTA el secretario de Gobierno municipal, Héctor Otero, la empresa dispone de dos serenos, pero los mismos dejarían esa responsabilidad el próximo jueves.

De ahí en más el complejo debería ser custodiado por el Estado o quedará a merced de usurpadores y vándalos.

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Cómo resolvió la Municipalidad el intento de anoche

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Patagones, Héctor Otero, explicó ante FM DE LA COSTA cómo hicieron desde el Ejecutivo para resolver el intento de usurpación en las 53 viviendas.

Al respecto, Otero relató que «hubo una denuncia por parte de los vecinos hacia el Área de Seguridad, quienes se acercaron al lugar y después me avisaron a mí. Yo decidí ir hasta la vivienda. Cuando llego, obviamente estaban los vecinos en el lugar, junto a patrulleros. Charlé con los que estaban en la calle para tratar de resolver el problema».

Aclaró en ese sentido que «en el interior de la vivienda había una familia compuesta por una señora, su hijo de tres años, su pareja y el hermano. La explicación de ellos fue que están atravesando un momento difícil, que desde el 2019 vienen solicitando una ayuda, que no pueden acceder a una vivienda con ayuda del Estado, que nunca fueron sorteados ni tenidos en cuenta para resolver este tema, y que llegaron a una situación límite».

Asimismo, indicó que «yo les dije que eso no era el camino, que el intendente municipal tiene claro el concepto de que dentro de la ley se puede todo, y que fuera de la ley no se puede nada. Nos estaban imposibilitando de poder ayudarlos en un futuro».

Luego, explicó que «abrimos una instancia de diálogo. Nunca hubo una situación de violencia, siempre dialogamos. Me permitieron entrar con ellos, estuve charlando y les pedí que desalojaran el lugar. Les expliqué que hace poco habíamos asumido, pero que el intendente la iba a escuchar, y quedamos en continuar por el camino del diálogo».

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